Los terremotos han dejado al descubierto algo más que grietas en las viviendas del Zaidín: desigualdad, falta de recursos y una respuesta institucional que todavía no garantiza seguridad, información y soluciones a todas las familias afectadas.

Terremotos, desigualdad y abandono institucional de un vecindario obrero

Los terremotos del 15 de agosto dejaron tras de sí mucho más que grietas. En la capital dejaron un barrio dañado y asustado, afectando especialmente a zonas en las que vive una parte importante de la población trabajadora, personas mayores, migrantes y familias con escasos recursos.

No podemos hablar del Zaidín sin recordar, además, una historia previa de problemas urbanísticos y de vivienda. Santa Adela constituye probablemente su ejemplo más evidente. La Junta reconocía ya en 2014 que se trataba de familias de escasos recursos y que determinados edificios necesitaban actuaciones urgentes para mejorar su seguridad.

Por eso los terremotos han caído sobre un territorio donde las desigualdades sociales ya existían.

Del terremoto del 15 de agosto a la mañana del 18

La madrugada del 15 de agosto mucha gente abandonó sus viviendas y pasó horas en calles, parques y espacios abiertos. El miedo comenzó aquella misma noche, cuando nadie podía saber todavía qué sucedería tres días después.

El terremoto de magnitud 4,8 produjo numerosos daños en las viviendas y llevó a muchas personas a abandonarlas. El día 18 llegaron nuevas sacudidas fuertes sobre edificios que ya presentaban grietas, desprendimientos y otros desperfectos que no habían sido evaluados.

En el Zaidín, cayeron elementos de fachadas y cornisas, árboles y farolas, aumentando la preocupación. A partir de aquella mañana el barrio vivió escenas que difícilmente encajan con “normalidad”: personas desplazándose con maletas, familias buscando dónde pasar los siguientes días y vecinos y vecinas intentando abandonar temporalmente sus viviendas.

Pero sobre todo comenzó a hacerse visible una diferencia social fundamental: no todo el mundo podía marcharse.

Quien disponía de una segunda residencia, familiares que pudieran acogerle, vacaciones o capacidad económica para pagar varios días de alojamiento tuvo alguna posibilidad de alejarse temporalmente de la situación. Quien no disponía de esos recursos no tuvo alternativas.

Así, una emergencia provocada por un fenómeno natural empezó a mostrar rápidamente una dimensión profundamente social: la capacidad de protegerse también depende de la renta, de las redes familiares, de la edad, de la autonomía personal y de los recursos disponibles.

Se volvió a evidenciar la falta de planificación ante emergencias que provocan este tipo de situaciones sociales y que CGT lleva más de tres años demandando al Ayuntamiento para poder responder con agilidad, recursos públicos y organizadamente.

Durante los días posteriores muchas personas durmieron en plazas, parques y espacios abiertos por miedo a regresar a sus viviendas.

Vecinos y vecinas han denunciado que durante esos primeros días estos espacios carecieron de las condiciones mínimas que debería haber previsto una administración ante una situación de estas características: aseos, información permanente, asistencia suficiente y lugares adecuados para permanecer durante la noche.

Una oficina que empezó a funcionar precisamente el 18 de agosto.

El Ayuntamiento anunció la apertura de una Oficina de Información y Asesoramiento en el Centro Cívico del Zaidín para atender a las personas afectadas por el terremoto del día 15.

Las experiencias trasladadas por vecinos y vecinas muestran importantes dificultades: citas que se emplazaban para muchos días después, problemas para obtener información inmediata y personas obligadas a iniciar por su cuenta las reclamaciones ante el Consorcio de Compensación de Seguros, quien tuviera seguro.

Y aquí aparece de nuevo la desigualdad: la tramitación telemática puede resultar sencilla para determinada población, no lo es para muchas personas mayores, para quienes carecen de conocimientos digitales, para quienes conocen poco el idioma, para quienes no tienen dispositivos adecuados o simplemente alguien que pueda ayudarles.

Una administración pública debe atender íntegramente a toda la población, no puede considerar resuelta una necesidad porque exista un formulario en internet.

Si existe una emergencia que afecta especialmente a población mayor y a familias trabajadoras, la atención presencial y el acompañamiento administrativo forman parte también de la respuesta a la emergencia.

También se han celebrado sesiones informativas. Es positivo que se hayan celebrado. Pero información no significa únicamente reunir a muchas personas en una sala y explicar procedimientos administrativos o técnicos que la mayoría no entienden.

La información tiene que ser comprensible, individualizada y útil.

Revisar algunos inmuebles no equivale a garantizar todos los inmuebles

El Ayuntamiento ha movilizado al personal técnico municipal, Bomberos y profesionales de los Colegios de Arquitectura y Aparejadores. También se han inspeccionado equipamientos públicos, centros educativos, instalaciones deportivas y viviendas particulares.

El 19 de agosto se informaba de unas 580 viviendas inspeccionadas en Granada capital, de las cuales 14 no podían ser habitadas.

El problema surge cuando a partir de inspecciones necesariamente parciales se trasladan mensajes generales.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, afirmó el 19 de agosto que no existían daños estructurales graves y llegó a afirmar públicamente respecto a las viviendas: “Son seguras. La construcción ha resistido en Granada”.

Se considera imprescindible hacer una pregunta muy sencilla:

¿Cómo puede trasladarse una garantía general sobre las viviendas cuando miles de viviendas del barrio no habían recibido una inspección individualizada?

Que los inmuebles revisados no presenten daños estructurales graves es una buena noticia. Pero eso solamente permite hablar de los inmuebles revisados. No permite convertir una conclusión parcial en una afirmación universal.

De hecho, muchos vecinos y vecinas continúan denunciando precisamente esto: tienen desperfectos generalizados en sus edificios y viviendas y nadie los ha inspeccionado todavía.

Paralelamente esperan la visita del perito del Consorcio, que tiene una función distinta: valorar los daños indemnizables, no sustituir la responsabilidad pública de determinar las condiciones de seguridad de un inmueble.

Si los servicios técnicos municipales disponibles no son suficientes para responder con rapidez a la enorme cantidad de solicitudes existentes, la respuesta no puede ser rebajar la necesidad de las inspecciones.

Hay que reforzar los servicios, contratar al personal municipal necesario y agilizar las evaluaciones.

Los Cármenes están revisados. Los colegios están revisados. ¿Y las casas?

El Ayuntamiento acaba de anunciar además una inversión de 525.000 euros para reparar desperfectos ocasionados por los terremotos en 38 centros educativos, después de haber descartado daños estructurales en ellos.

Pero conviene recordar algo extraordinariamente sencillo: los niños y las niñas del Zaidín no viven en los colegios, viven en sus casas, regresan a edificios con grietas, salen de portales junto a zonas acordonadas, caminan por calles en las que todavía existen elementos deteriorados. Sus madres, padres y abuelos duermen en esas viviendas.

Garantizar que un colegio o un estadio son seguros es necesario, pero no puede utilizarse como representación de la situación de todo un barrio.

El accidente laboral mortal del 1 de septiembre obliga también a hablar con prudencia de “normalidad”

Este mismo 1 de septiembre ha ocurrido además un hecho trágico.

Un trabajador de 42 años ha muerto en la calle Laureado López Muñoz, en el Zaidín, al caerle encima una chimenea mientras participaba en trabajos para su apuntalamiento y demolición. La estructura había resultado dañada por los terremotos.

No podemos mirar hacia otro lado.

Su muerte demuestra dramáticamente algo evidente: siguen existiendo en el barrio estructuras y elementos dañados que requieren evaluación, aseguramiento, reparación o demolición.

La asamblea del 31 de agosto muestra una realidad muy distinta

El 31 de agosto más de un centenar de vecinos y vecinas se reunieron en una asamblea en el Zaidín.

Son personas en situaciones concretas:

• personas cuyos edificios habían sido desalojados;
• personas que habían pasado por el albergue y a las que se indicaba que debían regresar a sus casas;
• personas que no entendían cómo podían volver a una vivienda que seguían viendo dañada y reclamaban disponer del correspondiente informe técnico por escrito;
• personas sin seguro de hogar y con recursos insuficientes para afrontar reparaciones importantes;
• personas con grietas y daños generalizados que todavía no habían recibido ninguna evaluación técnica;
• personas esperando al perito del Consorcio;
• personas mayores con dificultades para realizar los trámites.

Y, atravesándolo todo, miedo a que vuelva a temblar sin saber realmente qué daños tiene su edificio, a que un elemento que ahora permanece sujeto termine cayendo, miedo a regresar a una vivienda porque una resolución administrativa permita hacerlo.

Precisamente estas fueron algunas de las principales demandas de la asamblea: informes de viabilidad por escrito, celeridad, ayudas efectivas y facilidades para que las personas mayores puedan realizar los trámites.

Los propios asistentes denunciaron sentirse abandonados y anunciaron nuevas movilizaciones.

Normalidad institucional no significa normalidad social

Esto es lo que está ocurriendo mientras desde las instituciones se intenta proyectar la recuperación de la normalidad.

No confundamos normalidad institucional con normalidad social.

Es posible que los servicios municipales funcionen, aunque no como requiere la situación. Es posible que abra la Alhambra, que se pueda celebrar un partido de fútbol y que comience el curso escolar, que circulen los autobuses y abran los comercios.

Todo eso puede ocurrir al mismo tiempo que una parte del Zaidín sigue viviendo una emergencia.

La normalidad administrativa de una ciudad no puede medirse únicamente por el funcionamiento de sus servicios, sus equipamientos deportivos o su actividad turística. Tiene que medirse también desde la puerta de la vivienda de quien sigue esperando que alguien examine la seguridad de su edificio.

Y por eso preocupa especialmente el empeño en construir un relato de recuperación de la normalidad mientras sigue habiendo familias desalojadas, personas pendientes de inspecciones y edificios que necesitan actuaciones inmediatas.

Antes de vender una imagen de seguridad, hay que garantizarla

El 27 de agosto se presentó incluso una campaña nacional e internacional de Granada Global, entidad integrada por Ayuntamiento, Diputación, Universidad y Cámara de Comercio, con un presupuesto inicial de 300.000 euros destinada, entre otros objetivos, a proyectar Granada como territorio seguro y recuperar su imagen después de los terremotos.

Defender la economía y la imagen de Granada puede ser legítimo, pero antes de convencer fuera de Granada de que Granada es segura, hay que conseguir que quienes viven en el Zaidín sepan que su propia casa lo es.

Y eso no se consigue mediante una campaña de comunicación. Se consigue con personal técnico, informes, obras, ayudas, alojamientos alternativos, trabajadores y trabajadoras suficientes en los servicios públicos, y con dinero que llegue efectivamente a las personas afectadas.

Anunciar millones no significa que la ayuda haya llegado.

Durante estas semanas se suceden los anuncios de ayudas, planes, inversiones y partidas económicas. Pero existe una enorme diferencia entre anunciar una partida presupuestaria y que una familia sepa qué ayuda le corresponde, cómo solicitarla, cuándo va a recibirla y qué sucederá mientras tanto.

Una persona que está durmiendo hoy en una vivienda dañada no vive dentro de una nota de prensa sobre futuras ayudas.

Vive dentro de esa vivienda.

La prioridad debe ser clara

• Inspección urgente de todos los inmuebles que hayan comunicado daños.
• Entrega por escrito de los informes técnicos a las personas y comunidades afectadas.
• Refuerzo extraordinario de los servicios técnicos municipales mediante las contrataciones necesarias.
• Atención presencial suficiente para quienes tengan dificultades con la administración electrónica.
• Información accesible y comprensible, no exclusivamente administrativa o técnica.
• Alojamiento digno mientras una vivienda no reúna condiciones adecuadas.
• Ayudas específicas para las personas sin seguro y sin recursos suficientes para afrontar reparaciones.
• Coordinación efectiva entre Ayuntamiento, Junta, Gobierno central, Diputación y Consorcio.
• Transparencia sobre las viviendas pendientes de inspección, desalojadas, declaradas habitables y pendientes de reparación.
• Calendario y presupuesto concreto de las actuaciones previstas.
• Participación real de los vecinos y vecinas en las decisiones que afectan a sus viviendas y a su barrio.

No se cuestiona el trabajo de Bomberos, Policía Local, Protección Civil, personal municipal, arquitectos, aparejadores ni del conjunto de trabajadores y trabajadoras que llevan días interviniendo sobre esta emergencia.

Precisamente por eso distinguimos entre el enorme trabajo de los servicios públicos y la responsabilidad política de quienes dirigen las administraciones.

La pregunta que deberíamos dirigir al Ayuntamiento de Granada y a su alcaldesa es muy concreta:

¿Puede garantizar hoy que cada familia del Zaidín que ha comunicado daños en su vivienda ha recibido una inspección técnica, conoce por escrito el estado de su inmueble, sabe qué reparaciones necesita, quién va a financiarlas y qué solución tendrá mientras tanto?

Si la respuesta es no, no puede afirmarse que para esas familias haya vuelto la normalidad.

El terremoto fue un fenómeno natural. El desamparo es institucional

Los terremotos no distinguen entre clases sociales, sus consecuencias sí.

Quien tiene dinero puede marcharse, quien tiene otra casa puede dormir en ella, quien tiene familiares puede encontrar refugio, quien domina los procedimientos administrativos puede tramitar rápidamente una reclamación, quien tiene seguro puede esperar una indemnización, y quien no tiene ninguna de esas cosas queda en una situación muy dura y adversa.

Por eso lo que está ocurriendo en el Zaidín no es solamente una cuestión sísmica, es también una cuestión de vivienda, servicios públicos, desigualdad y justicia social.

Y por eso CGT está con los vecinos y vecinas del Zaidín que se organizan, reclaman, informan y exigen soluciones, y mostramos nuestro apoyo a su lucha.

Porque Granada no habrá recuperado realmente la normalidad mientras una parte de su población siga entrando cada noche en una casa sin saber siquiera si alguien va a ir a revisarla.