Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla defendemos una contratación pública coherente con la solidaridad con Palestina y que preserve los derechos de las plantillas.
Desde CGT-A respaldamos la reclamación del Sector Ferroviario de CGT en Galicia para que Renfe suspenda el contrato de vigilancia con I-SEC y promueva una nueva adjudicación a una empresa sin los vínculos con Israel denunciados por el sindicato. La solicitud formal fue remitida el 20 de junio de 2025 a la Presidencia de Renfe y a su dirección adjunta.
La denuncia sindical señala los antecedentes del grupo ICTS, del que forma parte I-SEC. Según la información difundida sobre aquella reclamación, CGT Galicia cuestionó que el grupo fuera fundado por antiguos integrantes del servicio de inteligencia israelí Shin Bet. Por su parte, I-SEC confirma en su propia información corporativa su pertenencia a ICTS International N.V. y sitúa su sede en Ámsterdam.
Los contratos anunciados por la compañía en enero de 2024 se refieren a servicios de vigilancia privada: protección de estaciones y talleres, custodia de trenes y acompañamiento. Su ámbito incluye Madrid, Barcelona y el centro de Cataluña, además de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia.
La documentación oficial permite comprobar la prolongación del contrato. La información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28 de agosto de 2026 recoge una segunda prórroga del lote que comprende País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Ese documento identifica como adjudicataria a la unión temporal de empresas formada por I-SEC Spain Aviation Security y Alerta y Soluciones de Seguridad, y amplía a 36 meses el plazo total del contrato.
Desde CGT-A exigimos a Renfe transparencia sobre sus adjudicaciones y sobre los criterios que aplica para examinar las relaciones empresariales denunciadas. La dirección de una empresa pública debe explicar cómo incorpora el respeto a los derechos humanos a sus decisiones de contratación. La solidaridad institucional con Palestina debe tener consecuencias concretas en el uso del dinero público.
Este planteamiento se enmarca en la posición internacionalista de CGT, que ha defendido la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y el embargo de armas frente al genocidio denunciado por nuestra organización contra el pueblo palestino.
Defendemos, además, que cualquier cambio de adjudicataria garantice el empleo, la antigüedad, los salarios y las condiciones laborales del personal de vigilancia. Las responsabilidades sobre la contratación corresponden a las direcciones empresariales y a los órganos que adjudican los servicios. La plantilla debe contar con garantías y participar, a través de su representación, en las decisiones que afecten a su trabajo.
Desde Andalucía, Ceuta y Melilla respaldamos esta exigencia de coherencia y rendición de cuentas. Reclamamos a Renfe que responda públicamente a la petición sindical y que sitúe los derechos humanos y laborales en el centro de sus relaciones comerciales.
CGT Andalucía, Ceuta y Melilla